Años 70: Orígenes, dictadura y resistencia

Durante la década del 70, especialmente a partir del golpe de Estado de 1976, se derogaron derechos laborales esenciales, entre ellos la llamada “Ley de Enganche”, clave para el sector judicial. Además, se prohibió toda actividad gremial: asambleas, elecciones, huelgas, movilizaciones. Nuestra provincia, como el resto del país, no estuvo exenta de la represión.

Hacia finales de esa década y antes del regreso de la democracia, los empleados judiciales de Santa Cruz fueron de los primeros en movilizarse en defensa de sus derechos, reclamando la reinstauración de la Ley de Enganche y otras garantías laborales perdidas.

Años 80: Democracia, unidad y organización

Con la vuelta de la democracia, el gremio se fortaleció. En tiempos del gobernador Arturo Puricelli, se logró reinstaurar la Ley de Enganche, una conquista simbólica que marcó al gremio. La lucha incluyó “trabajo a código”, lo que obligó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a reglamentar funciones por acordada.

Fue un tiempo de movilizaciones masivas, asambleas históricas, y unidad gremial: los debates eran intensos, pero las decisiones votadas se respetaban colectivamente. Esa unidad marcó el carácter de nuestro sindicato.

Se logró también:

• La Personería Gremial, luego de años de trabas burocráticas.
• La realización de un plenario nacional de la Federación Judicial Argentina (FJA) en Río Gallegos (1985).
• La construcción del Barrio Judicial con 50 viviendas gestionadas junto a la FJA y el Banco Hipotecario.
• El cobro en cuotas de salarios caídos, producto de luchas anteriores.
• La participación en temarios y corrección de concursos de ascenso.
• La obtención del 2% de antigüedad.
• La incorporación de un representante del gremio al Consejo de la Magistratura, siendo Santa Cruz la segunda provincia del país en lograrlo.
• La participación gremial en la Escuela Judicial de Capacitación, incidiendo incluso en reformas del Código Procesal Civil.
• A fines de esa década, se concretó la adjudicación del terreno para la sede gremial.

Años 90–2002: Avances y consolidación

Durante los años 90 y principios de los 2000, el gremio mantuvo su protagonismo en el plano provincial y nacional, articulado con la Federación Judicial Argentina. A pesar de un contexto de políticas neoliberales, se defendieron conquistas previas y se prepararon nuevos caminos, entre ellos el reconocimiento de la negociación paritaria como derecho legítimo, que se concretaría formalmente después de 2002.

2007–2015: Unidad, organización y expansión sindical

Tras el estallido social de 2007, se abrió un periodo de fuerte protagonismo de nuestro gremio y de articulación con otros sectores de la clase trabajadora. En esos años se consolidó la Mesa de Unidad Sindical, espacio que reunió a diferentes centrales como la CTA, la CGT y el SITRAIC, y en el cual Judiciales tuvo un rol activo desde la conducción de la Secretaría General de la CTA en Santa Cruz.

Fueron tiempos de resistencia y presencia constante en la lucha sindical, con avances significativos: la creación del nuevo escalafón de Peritos e Informáticos, la participación decisiva en la Escuela Judicial de Capacitación, y una intervención firme en el Consejo de la Magistratura.

En lo organizativo y edilicio, este período estuvo marcado por la construcción de tres sedes sindicales (Caleta Olivia, San Julián y El Calafate) y la ampliación de la sede de Río Gallegos. Además, se dio un paso histórico con la creación del Convenio Colectivo de Trabajo.

La vida gremial se nutrió de encuentros de delegados/as, jornadas en juzgados de paz, y capacitaciones sobre violencia laboral y justicia de cara al pueblo. También fue un tiempo de definiciones políticas: campañas de firmas para juicios políticos, acompañamiento de sumarios administrativos y pedidos de juicio político a integrantes del Poder Judicial.

Otro hito relevante fue la obtención de 70 terrenos para judiciales de Río Gallegos, un logro que vinculó la lucha gremial con el acceso a la tierra y la vivienda.

2017: Defensa del sistema salarial, acampe histórico y 176 días de resistencia

Con la asunción de Alicia Kirchner como gobernadora en diciembre de 2015, comenzó una etapa de fuerte conflictividad con el sector judicial. Desde los primeros meses de su gestión se hicieron evidentes los intentos de avanzar con ajustes y recortes, atacando directamente nuestro sistema salarial y la Ley 3022.

En 2017, el TSJ intentó eliminar nuestro sistema salarial, lo que desató una inmediata y firme respuesta de los trabajadores judiciales de toda la provincia. La reacción fue contundente: asambleas, movilizaciones, paros y un acampe histórico de 176 días frente al Tribunal Superior de Justicia.

La lucha fue sostenida con enorme dignidad, acompañada por el pueblo santacruceño, por gremios hermanos y por organizaciones sociales. El 2017 dejó en claro que no hay retroceso posible cuando hay organización, y reafirmó el valor de la memoria colectiva como pilar para resistir cualquier intento de ajuste o recorte.